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#LeyTierras Foro Público - Nueva Ley de Tierras: Perspectivas para el campo colombiano

Viernes 27 de julio de 2018, por Cumbre Agraria

Desde la Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía del Derecho a la Tierra y al Territorio (ENI/Colombia)[1], en nuestra misión de impulsar acciones conjuntas para la promoción de una Reforma Rural transformadora que contemple la garantía de los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, vemos la necesidad de generar un Debate Nacional alrededor de la iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con la que se pretende reformar la Ley 160 de 1994, conocida comúnmente como la Ley de Reforma Agraria. Dicha iniciativa, que ha sido llamada la “Nueva Ley de Tierras”, está surtiendo Consulta Previa con comunidades étnicas para posteriormente ser radicada en el Congreso de La República una vez inicie la próxima legislatura.

Objetivo General. Realizar un primer Diálogo Nacional sobre los impactos de una Nueva Legislación Agraria en Colombia

Objetivos específicos.
Dado que el articulado del Proyecto de Ley busca consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico para la ruralidad, merece una discusión profunda y rigurosa sobre los efectos y retrocesos que tendrá en materia de derechos para las comunidades étnicas y campesinas la aprobación de tal iniciativa. Por esta razón, también esperamos:

1. Suscitar un espacio de diálogo amplio entre organizaciones y comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, junto a organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos que permita socializar detalladamente tales problemas.

2. Conocer los puntos de vista de sectores de la academia, congresistas y funcionarios de las entidades encargadas del sector, tanto aquellas que ejecutan las políticas como aquellas encargadas de hacer vigilancia y control sobre las mismas.

3. Identificar los escenarios estratégicos para hacer frente a la discusión.

Contexto sobre el Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”

El principal antecedente de esta iniciativa legislativa es el borrador de Proyecto sobre “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, una propuesta que intentó tramitarse a través del mecanismo especial de fast track como parte de la implementación normativa del Punto 1, de Reforma Rural Integral (RRI) del Acuerdo Final de Paz, pero dado que sus contenidos excedían o desconocían tal Acuerdo, solamente se dio vía a lo que quedó consignado en el Decreto Ley 902 de 2017; mientras los demás contenidos de aquella propuesta son integralmente los mismos que se desarrollan en este Proyecto de Ley.

El Proyecto, que se presenta como una reforma a la Ley 160 de 1994, es una propuesta de unificación de las políticas mineroenergética, agroindustrial y de desarrollo rural que complementa la Ley 1776 de 2016 que creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Así, lejos de concretar una estrategia de distribución de tierras que garantice su acceso progresivo para las comunidades rurales, se pretende regular derechos de propiedad y uso de baldíos de la Nación a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, diferentes a sus destinatarios naturales como son las comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y mujeres rurales, dando prelación a grandes empresarios del campo (agroindustriales, mineros, petroleros, entre otros).

Este nuevo ordenamiento jurídico modificaría estructuralmente el actual régimen de baldíos prescindiendo de la medida de las unidades agrícolas familiares para la adjudicación o el uso de tierras del Estado, que sin duda sirve como límite para la acumulación, reduciendo enormemente la disponibilidad de las tierras que deberían ser utilizadas para satisfacer las necesidades de las comunidades rurales.

Asimismo, promueve esquemas de asociatividad productiva de manera desequilibrada entre campesinos y empresarios del agro, sanea acumulaciones de baldíos apropiados ilegalmente, reserva tierras para la extracción de minerales e hidrocarburos sin tener en cuenta limitaciones de extensión, introduce modificaciones inadecuadas a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras; mientras deja de lado temas cruciales para la democratización y acceso a tierras de comunidades rurales tales como el fomento y fortalecimiento de la economía campesina y propia, la armonía entre la producción agropecuaria y la conservación ambiental, los procedimientos y mecanismos de resolución de conflictos territoriales e interculturales, entre otros.

Metodología. Para lograr los objetivos propuestos, planteamos la realización de dos espacios de la siguiente manera:

Foro Público sobre el Proyecto de Ley

Fecha. Jueves 2 de agosto, 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Lugar. Universidad Javeriana, sede Bogotá. Sala A del Auditorio Félix Restrepo.

Evento abierto en el que se invitará a diferentes sectores, incluidos funcionarios públicos, gremios y académicos con conocimientos sobre el tema para presentar los distintos puntos de vista del Proyecto de Ley de Tierras, haciendo énfasis en las conclusiones logradas en el espacio preparatorio del día 1 (se buscará que medios de comunicación realicen el cubrimiento y se contará con registro audiovisual y trasmisión vía LiveStream, a cargo de un equipo de comunicaciones).

Para conocer y debatir sobre el tema, los invitamos al Foro Público - Nueva Ley de Tierras: Perspectivas para el campo colombiano, que se realizará el jueves 2 de agosto, de 8 a.m. a 1 p.m. en la Universidad Javeriana - Auditorio Félix Restrepo.

INSCRIPCIÓN: https://goo.gl/forms/UJzFUjHnkZtVHIbG3

Nota:
[1] ENI–Colombia (Estrategia Nacional de Involucramiento) es una iniciativa impulsada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC por sus siglas en inglés), alianza global para promover el acceso seguro y equitativo a la tierra para personas que viven en situación de pobreza en zonas rurales, compuestas por más de 200 organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil de la que hacen parte del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana; la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS); las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María (OPD) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la Paz.